Compartimos con vosotros este artículo del activista social Enric Duran donde, desde la clandestinidad, reivindica la amnistía total en ocasión de la creación del nuevo estado catalán.
Desde el Centro de Estudios Joan Bardina, recordemos como Lluís Maria Xirinacs, cuando era senador, reivindicó la amnistía total, tanto para los presos políticos como para los presos comunes. Sus demandas consiguieron sus efectos sólo en los presos políticos. Pero la negativa de los partidos políticos mayoritarios de aquel tiempo a liberar a los presos comunes provocó un grave desencanto de estos últimos presos, que fue motivo de numerosas revueltas y episodios de autolesiones, suicidios, agresiones, etc. Xirinacs perdió entonces la mayor parte de su apoyo electoral, consciente de que pretendía liberar unos delincuentes que podían reincidir.
Creemos que una amnistía total sólo será eficaz si el estado que la lleva a cabo también aplica las propuestas del Sistema General elaborado por el equipo encabezado por Agustí Chalaux y Lluís Maria Xirinacs. Este sistema fue estudiado y diseñado una vez Xirinacs ya dejó de ser senador y de participar en la política activa. Las propuestas más eficaces de este sistema son el establecimiento de un dinero exclusivamente nominativo y una renta básica universal, compatible con cualquier otro ingreso.
El dinero nominativo disminuye la oportunidad de delinquir, mientras que la renta básica universal disminuye la necesidad de delinquir. La renta básica hace que todo el mundo se convierta en consumidor, lo que facilita que los vendedores puedan dar salida a sus excedentes y, por tanto, puedan ofrecer más trabajo asalariado, con lo que el paro disminuye. Sólo así los numerosos delincuentes por delitos económicos pueden tener una verdadera nueva oportunidad.
Finalmente, un estado, ya sea nuevo o antiguo, o una comunidad de estados, con el dinero nominativo y siendo pública la capacidad de inventar y desinventar dinero, puede mantener o recuperar su soberanía monetaria, lo que le permitirá hacer frente al gasto público necesario para que sigan siendo públicas sus infraestructuras, sanidad, educación, servicios y pensiones. A la vez, puede convertirse en un verdadero estado de derecho.
Damos la palabra, pues, a nuestro compañero Enric Duran.
Equipo del Centro de Estudios Joan Bardina.
Domingo, 20 de septiembre de 2015.
Vilaweb. Jueves, 17 de septiembre de 2015. 6h. Opinión.
Libertad, amnistía... y plena soberanía.
Por: Enric Duran.
Es difícil de olvidar el lema más famoso de la lucha de los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición. Y más ahora que Cataluña se acerca a una posibilidad de rotura con un viejo régimen, de nuevo cuarenta años después.
A mí me hace pensar el hecho de que políticos de tan diversas orientaciones coincidan en afirmar que no vivimos en un estado de derecho. Si todos aquellos que lo dicen se tomaran en serio esta constatación, tendrían el deber ser coherentes y, entre las primeras medidas para demostrar la plena soberanía, deberían restablecer el derecho a todos aquellos que son o han sido privados de libertad, como víctimas políticas y económicas de un estado antidemocrático y altamente desigual.
Aquellos que denuncian la falta de democracia de España, después de vivirlo en la propia carne en el proceso independentista, harían bien hecho de tener presente que el uso político que el gobierno del PP hace del Tribunal Constitucional sólo es uno de los ejemplos de la vulneración de derechos en el sistema judicial español.
Hay más ejemplos que confirman que no vivimos en un estado de derecho. Por ejemplo, la práctica habitual de los jueces de dar más peso a la versión de los testigos que representan el poder político y económico que no a cualquier otro, como hacen cuando decretan veredictos teniendo sólo por testigo la versión de la policía; o como en el caso de los bancos contra mí, cuando decidieron aceptar sólo testigos de la acusación y desestimar los de la defensa. Hay muchos más.
Ya experimentamos cómo indignan en la sociedad catalana estas injusticias. Lo vimos a raíz de la proyección en TV3 de «Ciutat morta» («Ciudad muerta»). Y aún lo vivimos con casos que originan una inmensa indignación, como los de los procesados en huelgas generales o los condenados por haber intentado detener el parlamento en 2011.
Así pues, si tenemos la sospecha firme que muchas personas tienen que soportar penas injustas o desproporcionadas, bajo la responsabilidad de un estado que dejaremos atrás, ¿con qué conciencia se pueden mantener inalteradas todas estas injusticias, si Cataluña se constituye en nuevo estado?
En este contexto, y escarbando en las hojas de ruta de las candidaturas políticas que quieren este nuevo estado catalán, sorprende que no haya ninguna referencia a un nuevo proceso de amnistía que acompañe el proceso de independencia. Aún más teniendo en cuenta que esta ley, al ser de carácter excepcional de ruptura, sería oportuno que se situara tras la declaración de independencia y antes del proceso constituyente.
Por eso, ahora que todavía estamos a tiempo, hay que reivindicar, como una de las primeras muestras del ejercicio de la soberanía respecto de España, que se aplique una ley de amnistía, de modo que todos los beneficiados por esta medida puedan participar en el proceso constituyente o hacer lo que quieran desde su plena soberanía personal, que les ha sido secuestrada.
Un vistazo a estadísticas penitenciarias nos reafirman en el camino a seguir.
Si miramos los datos de las cárceles catalanas, en Cataluña hay actualmente 9213 reclusos (datos del Idescat, de mayo de este año). Esto quiere decir 1,22 tomados cada 1000 habitantes. Una cifra alejada del 0,7 que tienen países como Dinamarca y Noruega, como los que tanta gente se quiere reflejar.
De estos 9213, más de 6000 fueron encarcelados por delitos relacionados con el orden político y económico (incluyendo los de salud pública), y muchos se pueden considerar directa o indirectamente víctimas de un orden injusto. Es decir, víctimas de un estado que no es de derecho y de un estado que ya no es del bienestar, si es que lo ha sido nunca. Un estado que ha hecho crecer las desigualdades y el número de personas en situación de extrema pobreza, después de estos siete años de crisis.
Así pues, de estos 6000 presos, habría que liberar, aproximadamente, 3900 para llegar al índice de encarcelamientos de estos países europeos, desde la hora cero del nuevo estado.
No serían las únicas personas beneficiadas por esta medida, porque hay muchas más que han sido perjudicadas. ¿Qué decir, de aquellas personas de nuestro presente marcadas por antecedentes penales que los cierran puertas en diversos ámbitos de la vida? ¿Y las que tienen que soportar medidas penales alternativas? ¿Y de aquellas que quedan pendientes de los tribunales con el alma en vilo, porque su libertad puede ser rasgada en cualquier momento con una condena y orden de prisión irrefutable?
Si a los 3900 presos sumamos todos aquellos con antecedentes penales por causas políticas y sociales a los que podría afectar la amnistía, y todos aquellos que estamos procesados sin haber llegado a juicio, los beneficiados de esta amnistía podríamos ser decenas de miles.
Ahora, como nos ha enseñado la memoria de la historia, no vale cualquier amnistía, no es el momento de una nueva transición conciliadora con los más poderosos. Ya no estamos en el 77, y más recientemente los de las clases dominantes ya han tenido una amnistía, la fiscal. Esta otra amnistía que hay pendiente es la amnistía a los pobres, los excluidos, los rebeldes, las recién llegadas, los insumisos, los desposeídos... No se trataría de una ley de conciliación interclasista, sino de una acción de justicia poética.
Si Cataluña quiere ser un estado creíble en cuanto a la determinación de ruptura, una ley que decrete la liberación y la amnistía de miles de personas de las clases populares es una condición.
Si hay una acción parlamentaria que pueda simbolizar la vez la ruptura con España y sus políticas del miedo, y también la ruptura con una forma de gobernar al servicio de los poderes fácticos -que continuarán existiendo en Cataluña por mucho que se independice-, es ésta. Una acción de plena soberanía institucional, para restablecer la plena soberanía personal de tantos y tantas.
Si miramos al proceso constituyente, esta acción también debería significar un paso previo al establecimiento de un nuevo sistema judicial que incluya el diálogo y la restauración en el centro de la gestión de los conflictos; y al mismo tiempo un sistema penal que se base en la reinserción social y no en el castigo ejemplar como el que heredamos del franquismo. Un nuevo sistema que dé a la cárcel la función de último recurso, y no que mantenga la función de amenaza vengativa contra todos los que desde la dignidad luchamos por una sociedad mejor.
Hechos y no sólo palabras, para limpiar las consecuencias de la parte peor del estado que se quiere abandonar y para abordar la construcción de un sistema judicial equitativo y restaurativo del siglo XXI.
Enric Duran es activista. Se encuentra en la clandestinidad por no haberse presentado a su juicio en febrero de 2013.
Enlace al artículo original en catalán:
http://www.vilaweb.cat/noticies/llibertat-amnistia-i-plena-sobirania/
Enlaces relacionados:
La amnistía del Sistema General.
Pequeña historia de la moneda.
El primer estado de derecho del mundo.
Desmontando las trampas del dinero.
