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Mínimo vital para rescatar a las personas.

L'Economic. Logotipo.El Punt Avui. L'Econòmic. Del 26 de abril al 2 de mayo del 2014. Páginas 2 y 3.

Mínimo vital para rescatar a las personas.

La mayoría de los parlamentarios están de acuerdo en instaurar la renta garantizada de ciudadanía para asegurar a todos el ingreso mínimo para vivir dignamente. CiU se opone por las dificultades presupuestarias y el miedo de generalizar la cultura del subsidio.

26/04/14 02:00 - Girona - Joan Poyano.

Nadie durmiendo en la calle.
Personas sin hogar, voluntarios y trabajadores de la Fundación Arrels saldrán a la calle en diciembre de 2013 con grandes corazones de cartón con el mensaje «Nadie durmiendo en la calle», Foto: L'Econòmic.

Los partidos catalanes han dedicado mucha más energía a criticar a los responsables del recorte del Estatut de 2006 que a desplegar la parte que se salvó. Y así se encuentran con que, ocho años después, comienzan a tramitar una ley para hacer realidad el artículo 24.3, que establece que «las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen». Y lo hacen no por iniciativa de algún grupo parlamentario, sino obligados por una iniciativa legislativa popular (ILP) para la creación de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) avalada por 121.192 firmas a la que ningún grupo -ni CiU, el más reticente- osó presentar enmienda a la totalidad cuando fue presentada en el Parlamento el 26 de marzo.

La proposición de ley que debe debatir el Parlamento dice que la RGC debe garantizar unos mínimos en cuanto a la cobertura de las necesidades básicas de la persona, y que la cuantía de la prestación será equivalente a la del indicador de renta de suficiencia de Cataluña vigente en cada momento (actualmente, 644 euros mensuales para una persona que vive sola), en función de los ingresos del conjunto del núcleo familiar o de convivencia. Se trata de garantizar que todo el mundo ingrese mensualmente el mínimo vital, que en el caso de las familias sería estos 664 euros más un 70% de la misma cantidad por cada miembro adicional, de modo que si son tres se les garantizaría un ingreso mensual de 1.594 euros. Esto no quiere decir que la Generalitat pagaría todo este mínimo, sino la diferencia entre este y los otros ingresos familiares. Por ejemplo, si se cobra una pensión no contributiva de 300 euros o se cobra esa cantidad por un trabajo a tiempo parcial, el presupuesto catalán pagaría 364 euros más. Tendrían derecho a cobrar la renta garantizada todos los mayores de edad o menores emancipados con una residencia mínima en Cataluña de doce meses en situación de falta de recursos económicos producida como mínimo en los cuatro meses anteriores a la solicitud.

El artículo 24.3 del Estatuto está parcialmente desarrollado con la renta mínima de inserción (RMI), a la que el año pasado se destinaron 480,47 millones. La RGC requiere muchos más recursos, en primer lugar porque la renta mínima se paga en principio por un máximo de doce meses (prorrogables), mientras que la renta garantizada se cobraría mientras se mantuviera la situación de pobreza. Y en segundo lugar porque el importe máximo que cobra una familia con la RMI es el salario mínimo, 14 pagas de 645 euros al año. Candidatas inmediatas tener derecho a cobrar la renta garantizada son las 207.400 personas que, según el Idescat, el cuarto trimestre de 2013 no tenían ningún ingreso, y muchos números para acabar siéndolo tiene la población en riesgo de pobreza extrema -la que tiene unos ingresos inferiores al 30 % de la media, que en 2011 era el 7,3 % del total.

Fuerte impacto.

Con cifras como estas, la comisión promotora de la ley señala que tendría un impacto en el gasto público de más de 2.000 millones de euros anuales. La diputada Anna Figueras, que eleva el costo hasta la raya de 3.000 millones, ya anunció en el pleno del 26 de marzo que su grupo no apoyará a que la ley obligue a poner en los presupuestos todo el dinero que sea necesario para ayudar a todos que cumpla el requisito de pobre. Una obligación «imposible de sostener en la actualidad», dijo, recordando que esos 3.000 millones de euros equivalen al 88% del Departamento de Enseñanza, a más del 45% del gasto en salud y más del doble del presupuesto del Departamento de Bienestar Social.

Si CiU apela al realismo y dice que no se puede ir mucho más allá de los 852,7 millones de euros anuales que la Generalitat destina a ayudas directas a las personas y a paliar situaciones de pobreza, ¿qué futuro espera a la ILP? En el apartado económico, en principio puede quedar bastante igual, si los grupos parlamentarios mantienen las posiciones anunciadas. ERC, ICV y CUP son miembros de la comisión promotora y el PSC ha recogido firmas a favor, asegurando su diputada Eva Granados que si el coste son 3.500 millones «ya podemos salir adelante». El republicano Oriol Amorós, sin embargo, ya soltó que la riqueza que genera Cataluña permite tener una política de rentas de equidad completa, pero que la parte que gestiona la Generalitat «es finita, y quien diga lo contrario no estará ajustándose a la realidad». No ve problema, en cambio, el diputado del PP Rafael López, que dice que hay que cumplir el Estatuto y añade: «Está claro que tenemos los recursos, lo que pasa es que los tenemos que aplicar para lo que los debemos aplicar. Cataluña actualmente tiene un gasto por habitante 600 euros mayor que la media española, pero en políticas sociales se destina 200 euros menos». Claramente a favor de que la renta garantizada no esté sujeta a disponibilidad presupuestaria está José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, según el cual el presupuesto debe tener una partida siempre abierta para que nadie quede excluido por falta de dinero.

En el debate también salieron algunas ideas de dónde sacar el dinero que CiU no encuentra. Laura Massana, de ICV- EUiA, expuso que se podrían recoger ingresos si se aplicara bien el impuesto de sucesiones a las 500 familias más ricas de Cataluña, se redujeran beneficios fiscales y se eliminaran las escuelas concertadas del Opus Dei, y David Fernández, de la CUP, recordó los 16.000 millones de euros de fraude fiscal catalán.

Cultura de subsidio.

Problemas financieros aparte, el establecimiento del derecho general e indefinido a cobrar una ayuda pública si no se llega a un determinado nivel de renta es cuestionado por los que consideran que se desincentiva la búsqueda de empleo. Alejandro Goñi, presidente de Pimec Comercio, explica que este dinero estimularía el consumo, pero que «ésta no es una medida que estimule el esfuerzo y el trabajo. Encontraría mucho más coherente que se destinara dinero a incentivar el empleo y crear puestos de trabajo». En esta línea, el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull, dejó claro que no se oponían a la tramitación de la ILP porque era una oportunidad de hacer un debate sobre la pobreza, pero que no están de acuerdo en «generalizar la cultura del subsidio». Diosdado Toledano, representante de la comisión promotora, replica que la renta garantizada «es un derecho que tiene una obligación, que es aceptar la oferta de un trabajo legal, so pena de perder el derecho a esta renta. Por tanto, es falso que desactive la búsqueda de trabajo». ICV añade por su parte que «no hay cultura del subsidio más grande que la del subsidio hacia la banca -40.000 millones-, las grandes eléctricas -500.000 millones y un 25% de pobreza energética- o el rescate de las autopistas», y David Fernández, de la CUP, mantiene que detrás de los comentarios sobre que se debe poner fin a la cultura del subsidio «está la trampa de la meritocracia y el emprendimiento, que nos desvela un darwinismo oficial alarmante, de prejuicios basados ​​en el elitismo».

Los socialistas también consideran que esta iniciativa no es «lo que parar la mano o la cultura del subsidio», sino que estamos hablando de distribución de la riqueza, pero presentarán enmiendas a la propuesta en el apartado que establece que el cobro de esta renta no debe estar condicionado a la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social. El PSC propondrá que la prestación esté vinculada a la inserción sociolaboral (como la RMI), y en eso también están de acuerdo ERC -sin tener que participar en programas de inserción muchos ciudadanos no entenderían las ayudas-, el PP y Ciudadanos.

La renta de ciudadanía catalana no sería la primera. En Bélgica, por ejemplo, todos los ciudadanos sin recursos tienen derecho a percibir el ingreso de integración, que se concede cuando los solicitantes no pueden beneficiarse de otras prestaciones sociales. Los jóvenes de 18 a 25 años deben firmar un contrato de proyecto individualizado de integración social por el que se comprometen a colaborar en la búsqueda de recursos que pongan fin a su situación de asistidos. Este contrato no es obligatorio para las personas mayores de 25.

En Brasil, el gobierno paga un subsidio mínimo complementario de 70 reales (unos 30 euros) a todas las familias registradas como de pobreza extrema, unos 22 millones de personas.

La Renta básica.

Los que se oponen a la implantación de una renta mínima indefinida para los pobres -por miedo a que no se pueda mantener y/o que sea una fábrica de subsidiados- tendrían un cubrimiento si en Cataluña se propusiera por ley dar un sueldo público que acumula en el resto de rentas del beneficiario, pero no sólo para los que no tienen recursos, sino a todo el mundo. Es lo que pasará a Suiza, donde una iniciativa legislativa ha recogido las firmas necesarias para obligar a convocar un referéndum sobre la implantación de una renta básica de 2.500 francos (unos 2.000 euros mensuales). Si se aprueba, costará al presupuesto estatal unos 200.000 millones de francos suizos, casi un tercio del PIB, pero los promotores aseguran que eso no es problema para un país que ya gasta 70.000 millones de francos en subsidios sociales. Contra los que dicen que nadie quiere trabajar, los promotores aseguran que la renta básica permitirá hacer más atractivos los trabajos poco populares y mal pagados, e insisten en que un mínimo mensual garantizado no privará a la gente del deseo de trabajar, ya que la mayoría trabaja porque ve importante lo que está haciendo y percibe que la sociedad valora positivamente su tarea. También afirman que la renta básica aumentará la productividad, ya que todo el mundo se dedicará al trabajo que realmente le guste, dejando aparte las prioridades materiales: no tendrá miedo de cambiar de trabajo y experimentar. Además, la gente tendrá más tiempo para educar a los niños y prestar asistencia a los familiares enfermos.

Un ejemplo de renta básica es el de Alaska, donde desde 1982 cada residente cobra por el simple hecho de ser ciudadano 900 dólares anuales de un fondo que depende de los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales, sobre todo el petróleo.

Un subsidio desfasado.

La comisión promotora de la RGC, con el lema «Rescatamos las personas», integra más de 50 entidades, y el detonante de su creación fue el recorte que en agosto de 2011 el gobierno de CiU hizo de la RMI, cuando dejó de ser un derecho subjetivo y se echó a un tercio de los beneficiarios.

La renta garantizada, según el proyecto, debería sustituir la RMI, que en 2011 cubría 34.545 personas (un 1,07 % de los 3,2 millones en riesgo de pobreza, mientras que el subsidio similar en Francia cubría el 13,5 %). La cobertura ha bajado, y ahora sólo la cobran poco más de 23.000 catalanes.

La insuficiencia de la RMI fue certificada en enero por la Comisión Europea de los Derechos Sociales, en un dictamen en el que se afirma que en España -excepto el País Vasco (641 euros) y Navarra (658 euros)- los sistemas de renta mínima no son conformes a la Carta Social europea, ni en cuanto a prestaciones, muy por debajo del techo de pobreza, ni por las restricciones y las condiciones de aplicación.

Dos conceptos:

¿Qué es la renta garantizada?

Las rentas mínimas de inserción son para personas que viven en la extrema pobreza. Con diferentes denominaciones (renta básica en Andalucía y Extremadura, ingreso mínimo de inserción en la Rioja, renta garantizada de ciudadanía en Valencia, salario social en Asturias...), ponen el requisito de que el beneficiario acepte medidas de inserción laboral.

¿Qué es la renta básica?

La renta básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a todos los residentes, incluso si no quieren trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si son ricos o pobres. La filosofía es que se debe garantizar la existencia material de toda la población, condición para que la libertad sea posible. El gran incremento del poder de negociación de los trabajadores que una RB posibilitaría sería un ejemplo.

Las cifras.

644 Euros.
Importe mínimo mensual de la RGC si se implantara el próximo año, según la proposición de ley que debe debatir el Parlamento.

3.000 Millones de euros.
Impacto presupuestario anual de la medida, según los cálculos de CiU. Más de 2.000 millones, según la comisión promotora.

207.400 Personas.
Sin ningún ingreso en Cataluña en el último trimestre de 2013.

852,7 Millones de euros.
Importe anual que la Generalitat destina a ayudas directas a personas y a paliar situaciones de pobreza.

Actualizado (Sábado, 26 de abril de 2014 02:00).

Enlace al artículo original:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/735728-minim-vital-per-rescatar-les-persones.html

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