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En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
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Publicaciones:

Pequeña historia de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El capitalismo comunitario.
Agustí Chalaux de Subirà.

Un instrumento para construir la paz.
Agustí Chalaux de Subirà.

Leyendas semíticas sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Ensayo sobre Moneda, Mercado y Sociedad.
Magdalena Grau Figueras,
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del dinero.
Martí Olivella.

Introducción al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Capítulo 18. Domar el toro. El poder del dinero. Índice. El poder del dinero. Capítulo 20. Cambiar la llave para abrir la puerta. El poder del dinero.

Capítulo 19. Imaginemos que...

El dinero electrónico, debidamente acotado, puede convertirse en un instrumento con el que intentar resolver conflictos hasta ahora insolubles: entre responsabilización documentada y libertad de acción; entre solidaridad social (socialismo) y libertad personal (democracia); entre creación de riqueza y redistribución de los excedentes.

Puede favorecer la separación y libre elección personal entre actividades mercantiles (ánimo lucrativo) y actividades comunitarias-liberales (sin ánimo lucrativo). Puede ayudar a hacer complementarias la centralización informativa (visión global) y la descentralización de acción (individuos, comunidades, barrios, municipios, comarcas, naciones, empresas, entidades... libremente confederados según el principio de subsidiariedad). Puede facilitar la cuantificación de los materiales y energías disipados o degradados y la recaudación de fondos para su protección o sustitución.

Éste es un capítulo comprometido. Acostumbra a ser más fácil limitarse a la crítica que imaginar futuros posibles. A pesar de ello, expondremos un conjunto de posibles medidas que configuren unas nuevas reglas de juego. Esta lista de medidas imaginables son sólo un borrador. Quisieran ayudar a suscitar la investigación y el debate, en un momento en que nos hemos quedado sin modelos de referencia para orientar, desde el presente, la construcción de una sociedad que aproveche las posibilidades creativas generadas por la caída de los dogmatismos y que intente otras soluciones distintas a las ya fracasadas para resolver viejos y nuevos problemas.

El conjunto de estas medidas puede hacer entrever mejor la dinámica interna del modelo que se apunta y que se presentará con más detalle en otro volumen.

Se tratará, sobre todo, de imaginar... imaginar un escenario atrevido, pero que creemos técnica y económicamente posible. Un escenario que, por lo menos, nos puede permitir contemplarnos a través del espejo y contrastar la realidad para descubrir sus carencias y potencialidades.


Las reglas de juego que expondremos, de forma telegráfica, no son más que una recopilación de propuestas explícitas o latentes que, en las culturas democráticas, se han ido intentando o reivindicando. Creemos que pueden ser, en gran parte, una contribución a la investigación de quienes quieren encontrar caminos suparadores del socialismo y del capitalismo. La única novedad quizás radica en presentarlas como partes interrelacionadas de un modelo conjunto, que puede hacerse viable gracias a la capacidad de disponer de un instrumento informativo y responsabilizador para llevarlas a cabo de una forma poco coactiva y poco burocrática.

Algunos aspectos de estas reglas de juego son condición sine qua non para una aplicación coherente y democrática de la moneda electrónica, y, al mismo tiempo, objetivos viables gracias, precisamente, a las posibilidades introducidas por la moneda electrónica. Apuntan a un juego más limpio, más claro, más libre, más responsable y solidario:

  1. Responsabilización y nueva organización de las instituciones de gobierno: político, judicial y cívico.
  2. Justicia independiente, abierta, documentada y gratuita.
  3. Mercado libre pero documentalmente responsabilizado.
  4. Servicios comunitarios libres y gratuitos.
  5. Economía auto-equilibrada, ecológica e informativa.
  6. Libre federación política y confederación cívica de las etnias que forman la sociedad geopolítica.
  7. Relaciones exteriores equilibradas e interdependientes.

Acabaremos el capítulo con una descripción de posibles beneficios para los ciudadanos en aspectos tan cotidianos como los referidos a la seguridad ciudadana.


1. Responsabilización y nueva organización de las instituciones de gobierno: político, judicial y cívico.

Las instituciones y los cargos públicos tienen tendencia a convertir su responsabilidad de servicio en irresponsabilidad de poder. La teoría política surgida de la Revolución Francesa ha consagrado unos principios democráticos formales (independencia entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial; sufragio universal...) pero no se ha ocupado de cómo asegurar su cumplimiento. Carente de sistemas de responsabilización, la función pública cae fácil e impunemente en la prevaricación y el despotismo ilustrado: democracia formal-oficial y poderes reales-no oficiales.

A pesar de los doscientos años de proclamación de las libertades democráticas, éstas, incluso a nivel formal, se han mantenido muy poco en vigor de una forma plena: restauraciones monárquicas, despotismos ejecutivos, limitaciones de voto, de asociación y de expresión... Podemos afirmar que, salvo algunos pocos Estados y algunos pocos períodos, el legado de la Revolución Francesa aún está por concretar a nivel formal y mucho más a nivel real. ¿Por qué?.

Antes de exponer posibles caminos para profundizar en la democracia, una cuestión previa: es necesario ubicar las siguientes propuestas en un marco en que la socialización de la información contable monetaria y la redistribución automática de dinero para financiar las necesidades culturales, asistenciales y de autogobierno territorial, pudieran evitar las inacabables disputas sobre la financiación de dichas actividades. Podrían resolverse la mayoría de conflictos, entre el Estado y el resto de instituciones (culturales y territoriales), provocados por la falta de claridad en las cuentas, gracias a procedimientos automáticos fuera de toda discusión. De esta manera la centralización contable ofrecería una información socializada que podría favorecer la descentralización del Gobierno.

Para que los cargos de mando social no se transformen en poder contra las personas sería preciso emprender un conjunto de medidas «antipoder», que favorecieran una libre responsabilidad del mando. Algunas de las medidas que podrían ser factibles, para desarrollar con más rigor la teoría política democrática y hacerla realmente más operativa, serían:

  • Distinción radical entre las funciones y los sistemas de elección de los legislativos, ejecutivos y judiciales en todos los niveles de la sociedad.

    Asegurar la independencia entre el ejecutivo y el legislativo permitiría evitar la formación de «parlamentarismos ejecutivos» -que gobiernan por decreto-ley-, procedimiento característico de cualquier dictadura. Asegurar la independencia entre el Estado (Ejecutivo y Legislativo) y la Justicia facilitaría a ésta la defensa del Estado de derecho.
  • Igualdad de financiamiento común y de espacios publicitarios para todas las candidaturas en cualquier elección. Imposibilidad de financiación privada debido al hecho de que los candidatos pasarían al Estatuto Comunitario y solamente podrían recibir financiación comunitaria. Candidaturas con listas abiertas, de las que se votarían personas que asumiesen programas y compromisos concretos y que estarían libres de la disciplina de voto.

    La igualdad de oportunidades para todas las opciones y el sistema de representación proporcional permitiría la influencia de las minorías (semilla de transformaciones futuras). La financiación comunitaria podría evitar la influencia de grupos de presión que «compran» votos bajo forma de créditos bancarios o donaciones para las campañas electorales. Las listas abiertas facilitarían el poder pedir responsabilidades personales a los elegidos, en quien los electores han depositado su confianza.
  • Responsabilización documentada ante la Justicia independiente de todos los actos de mando público al finalizar el mandato legal.

    Se ha de intentar que todo «responsable público» lo sea realmente ante la Justicia y ésta solamente puede actuar si dispone de documentación de las decisiones tomadas. La inmunidad política durante el mandato debe contrastar con una total claridad al acabarlo. Se ha de evitar que solamente sean «Dios y la historia» quienes juzguen la «responsabilidad» de los gobernantes. Por ejemplo, se ha de impedir que los cargos públicos ocupen, al acabar su mandato, como a menudo sucede, los consejos de administración de las empresas a las que han hecho favores. La declaración de todos los bienes de los cargos públicos al tomar posesión del mandato y la auditoría al acabar, también son sistemas de clarificación y responsabilización, que podrían llegar a ser casi automáticos.
  • Limitación de las reelecciones continuadas con sistemas adecuados diferentes para los ejecutivos y para los legislativos.

    La posibilidad actual de reelección «profesionaliza» la política y aumenta las posibilidades de convertirla en poder; dificulta la participación activa de más ciudadanos que no están nunca «preparados» para ejercer cargos públicos.
  • Reducción de todas las competencias que el Estado ha usurpado y traspaso de éstas a la sociedad civil (barrios, municipios, comarcas, etnias... empresas utilitarias... entidades comunitarias...) para su ejercicio libre, independiente y arraigado en la ciudadanía.

    La reducción de las funciones del estatismo actual es fundamental para evitar la reproducción de estructuras de poder burocráticas. El estatismo asistencial tendría que ser suplido por la responsabilización de los ciudadanos y sus instituciones de base que, confederativamente, asumiesen la libre y plural gestión de los servicios comunitarios (sanidad, educación, información, artes, autogobierno,...) y de la actividad productiva (empresa, iniciativa, inversión, trabajo, innovación...) según el principio de subsidiariedad (cada nivel asume lo que puede).

2. Justicia independiente, abierta, documentada y gratuita.

La mayoría de teorías políticas reconocen formalmente la necesidad de una Justicia independiente. En la práctica, sin embargo, el Estado o los poderes fácticos han buscado los medios para que esta independencia solamente sea aparente, mediatizándola y condicionándola. La independencia de la Justicia es un tema complejo. Para que esta independencia no sea una excusa para formar poderes corporativistas cerrados, de perpetuación de castas dominantes... se necesitarían un conjunto de medidas como las siguientes:

  • Supresión del sistema de oposiciones y numerus clausus para acceder al cuerpo de jueces.

    Por ejemplo: todo jurista con 6 años de ejercicio podría inscribirse gratuitamente en la escuela de jueces (La Ley Orgánica contempla este procedimiento de acceso pero sólo para un tercio de las plazas). Al acabar haría de «pasante» durante tres años con un juez que el candidato escogiera libremente. Si el juez -bajo su responsabilidad y prestigio público- le diera el visto bueno, el pasante quedaría nombrado automáticamente juez y empezaría a ejercer en cualquiera de las plazas vacantes existentes para mejorar el servicio judicial, según las prioridades del presupuesto de la Justicia. «Un país con 100.000 jueces y 10.000 policías podría ser, posiblemente, más libre y solidario que un país con 100.000 policías y 10.000 jueces» -¿Qué podemos esperar si en España se mantienen más de 100.000 policías y solamente hay 2.000 jueces?-.
  • Colegios de jueces abiertos, con responsabilidad de nombramiento sin ninguna intervención del Estado.

    El corporativismo cerrado favorece la constitución de poderes fácticos. Con estas propuestas, las corporaciones de jueces romperían su estructura cerrada y clasista -pasar de 2.000 a 6.000 o 10.000 jueces cambiaría la magistratura también cualitativamente. Los cuerpos de profesionales abiertos, con auto-disciplina entre los colegas de cada categoría profesional, y el ánimo de prestigio, honestidad y eficacia de la institución judicial -dotada de documentación exacta y exhaustiva para fundamentar sus sentencias y impedida de la posibilidad de soborno-, son elementos importantísimos para autorresponsabilizar a la Justicia en el nombramiento y destitución de los jueces.
  • La financiación de la Justicia con un sistema diferente del condicionante presupuesto del Ministerio de Justicia (Ministerio evidentemente sobrante) es una condición sine qua non para su libre gestión y total gratuidad.

    Por ejemplo, un tanto por ciento fijado constitucionalmente, -del PIB o sobre los presupuestos generales del Estado- administrado con claridad contable por los Colegios de Jueces, podría garantizar una libre y eficaz actuación judicial contra cualquier ingerencia o intento de ahogarla por falta de presupuesto. La existencia de un ministerio de Justicia y de unos presupuestos gubernamentales para la Justicia atenta contra la proclamada necesaria independencia de esta institución.
  • La agilización de los trámites judiciales no necesita solamente un mayor número de jueces sino su especialización diversificada por temas y por territorios.

    Por ejemplo: cada juez de instrucción, en su nivel territorial, llevaría un único caso hasta su resolución. Las especialidades judiciales existentes, y las que tendrían que crearse en un mundo tan complejo como el actual (penal, civil, política, médica, mercantil...), permitirían una actuación mucho más ajustada para resolver conflictos específicos de cada grupo social. La extensión judicial a todos los niveles territoriales (barrio, municipio, comarca, etnia, interetnia...) permitiría resolver en cada nivel muchos conflictos que hoy se amontonan en salas provinciales o estatales.
  • Con la supresión de la moneda anónima las posibilidades de abuso de la Justicia quedan, instrumental y prácticamente, muy reducidas. Con la moneda informativa y personalizada la Justicia -que protege, contra cualquier ingerencia, las bases de datos monetarias- dispone, al mismo tiempo, de una información exhaustiva y exacta para documentar -cuando se precise públicamente- muchas de sus sentencias.

    La desconfianza que la Justicia genera hoy entre la población es inmensa porque los escándalos de sobornos, la falta de medios y la arbitrariedad de las sentencias -por falta de pruebas concluyentes- son diarios.
  • Los sistemas de registro audio-visual y de auto-control telemático actuales permiten resolver en gran parte la famosa cuestión de «¿quién controla al controlador? ¿quién controla a la Justicia?».

    Entre otros medios, la instalación de tres sistemas informáticos, -cada uno con máquinas, programas y equipos humanos diferentes- que procesen la información monetaria independiente y simultáneamente, impediría -con un alto grado de probabilidad estadística- toda clase de manipulación de la información y garantizaría una total inviolabilidad de la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. El registro audio-visual de los actos judiciales facilitaría la denuncia de arbitrariedades judiciales y la revisión de las sentencias en la jurisdicción superior.

3. Mercado libre, pero documentalmente responsabilizado.

Una política clara y responsable, basada en un Estado de derecho garantizado por la imposibilidad de actuación impune de los poderes fácticos y por la independencia de una Justicia documentada, son elementos de unas reglas de juego limpio que pueden favorecer las máximas y óptimas libertades responsables en todos los campos sociales. Más allá de unos mercados paralíticos -planificados o pseudo-libres-, que son refugio de todo tipo de explotación (sobre las personas y sobre la vida natural), se deben concretar medidas favorecedoras de un mercado con el máximo de libertades concretas dentro de unas reglas de juego responsabilizadoras y solidarias. Sin estas reglas de juego, los poderes fácticos de uno y otro sistema, deciden sobre y contra el resto de la población.

La implantación de una moneda telemática podría favorecer una política de libertades y de solidaridad social siempre y cuando el mercado funcionase. La producción y venta de productos utilitarios es el motor generador de riqueza y la redistribución de ésta no es solamente una actitud solidaria sino que es necesaria para el buen funcionamiento del mercado y para el enriquecimiento de los productores (empresarios, trabajadores, inversores e inventores). La producción es previa al consumo y a la inversión. Pero, generar capacidad de consumo (poder de compra) y de inversión (créditos) permite continuar produciendo más y mejor.

El «mercado libre» ha sido la tapadera de toda clase de juegos sucios. La «supresión del mercado por decreto» ha sido, sin embargo, la tapadera de la ineptitud y de la ineficacia productiva. El mercado es un invento humano muy antiguo y útil. Aunque se prohíba, tarde o temprano, vuelve a resurgir bajo forma de «mercado negro», camuflado oficialmente bajo el nombre «de economía mixta socialista». El problema no es mercado sí o mercado no, sino libertinaje mercantil o mercado responsabilizado. Sería necesario redefinir unas reglas de juego mercantiles que favoreciesen libertades concretas responsabilizadas. Estas reglas de juego podrían tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

  • Un sistema monetario telemático único, como sistema de compraventa que permitiese la libertad, pero documentalmente responsabilizada; que facilitase una total información para orientar debidamente las inversiones y la producción de los libres inversores, empresarios, inventores y trabajadores; que abriese un camino para hacer innecesaria la planificación estatista y que aportase elementos para superar las crisis mercantilistas.

    La oscuridad informativa del mercado actual no favorece precisamente la libertad responsabilizada de los agentes del mercado (productores y consumidores). Esta oscuridad informativa, fundada sobre un sistema monetario irracional y desinformativo, no permite saber qué se produce ni qué se consume realmente y, por tanto, impide una actuación libre para restablecer los desequilibrios constantes que se generan.
  • La libre competencia e iniciativa privada podría favorecer la producción y venta de mercancías en la medida que dispusiera de medios para que esta libertad mercantil no se transformase en licencia favorecedora del juego sucio de los monopolios y los oligopolios.

    La documentación de cada acto de compraventa; la socialización comprensible y gratuita de toda la información monetaria-mercantil; el establecimiento de precios mínimos antidumping; la supresión de la publicidad por empresa; la libre contratación y descontratación; el establecimiento de un salario indefinido de paro forzoso; la promoción comunitaria del ahorro; la supresión de todas las cuotas de seguridad social y de los impuestos sobre la producción o la renta; la mejora de la seguridad ciudadana con la imposibilidad instrumental de fraudes, estafas, impagados, robos y atracos... son medidas que podrían favorecer un mercado más libre y responsable que el actual.

4. Servicios comunitarios libres y gratuitos.

Si la función del mercado es producir, consumir bienes útiles para la vida, la función del sector comunitario es la de ofrecer servicios «culturales» en el sentido amplio de la palabra. La característica de las profesiones e instituciones comunitarias-liberales es que se autoproclaman, desde siempre, altruistas y desinteresadas. La confusión entre mercado y sector comunitario ha incluido a éste, normalmente, dentro del sector mercantil terciario de los «servicios». Se ha permitido que se convirtiera en uno de los poderes fácticos más influyentes, el del «saber», que va unido y está al servicio del «tener dinero».

  • Sería necesaria la desmercantilización y desestatización de las profesiones e instituciones comunitarias para ponerlas al servicio gratuito y desinteresado de todas las personas individuales, nacionales y colectivas.

    Para conseguir esta gratuidad de los servicios, favoreciendo el libre ejercicio de los profesionales y la libertad de elección del «cliente» o del '«usuario», haría falta dotar al estatuto comunitario de una financiación comunitaria que permitiese el libre ejercicio con los equipamientos necesarios. La lucha entre público y privado -medicina, enseñanza, Justicia, medios de comunicación, investigación... es un engaño que atenta contra la libertad de cátedra (profesores), de expresión (informadores) y de creación (artistas) y contra la libre elección por parte de los «clientes» o usuarios de los servicios. En definitiva, es una lucha entre dos intereses privados: los poderes privados oficiales y los poderes privados fácticos.
  • El sistema de acceso a cualquier profesión comunitaria y el sistema de funcionamiento de cualquier institución comunitaria podrían ser parecidos a los planteados anteriormente sobre la Justicia.

    Supresión de oposiciones y de concursos, acceso directo después de estudios y pasantía sin numerus clausus, financiación comunitaria, gratuidad total de los servicios, limitación de ejercicio profesional fuera del estatuto comunitario, incompatibilidad con cualquier trabajo y remuneración mercantil...
  • En principio, el estatuto comunitario estaría abierto a todas aquellas profesiones e instituciones que desde siempre se han autoproclamado altruistas y desinteresadas, es decir, según sus respectivas deontologías, sin ánimo de lucro y al servicio incondicional de cualquier persona que solicite su servicio de tipo asistencial, cultural, etc. El estatuto comunitario incluiría, en primer lugar, a todas las personas e instituciones dedicadas a la gestión pública (políticos y funcionarios). También podrían acogerse a él las entidades y asociaciones no lucrativas (deportivas, culturales, sindicales, políticas,...) así como la mayoría de profesionales e instituciones que hoy se encuentran en litigio entre público y privado en el campo de la medicina y salud, educación e información, investigación, asistencia...; también los profesionales del campo de la cultura y las artes (escritores, artistas...) y de las comunidades religiosas.

    La característica principal de todos estos servicios sería la gratuidad y, por lo tanto, serían financiados comunitariamente. El «común» pagaría a las personas, los equipamientos y los gastos de gestión cotidiana. La segunda característica sería la total libertad de actuación dentro del estatuto comunitario: cada uno podría ejercer su profesión como creyera más oportuno siempre que no cobrase nada a los «clientes» y no causara daño a nadie, bajo sanción del colegio profesional o de la justicia especializada correspondiente. En las cuentas corrientes de las personas del sector comunitario -individuales o institucionales- solamente entraría dinero de origen comunitario. Con esta medida se dificultarían las «operaciones» de quienes tienen dinero para dominar la política, la Justicia, la enseñanza, la medicina, la información... Sería, pues, incompatible, cobrar del «común» por una trabajo comunitario y, simultáneamente, cobrar por trabajos o negocios mercantiles.
  • La masa de dinero necesaria para financiar a los acogidos al estatuto comunitario se podría obtener en gran parte con la creación comunitaria de dinero (ahora esta creación es principalmente bancaria privada). Así el dinero para servicios públicos no tendrían que salir solamente de los impuestos ni de emisiones de deuda pública. Ésta es una de las posibilidades que un sistema monetario informativo puede ofrecer: saber qué cantidad de valor monetario se ha de inventar y distribuirlo para que la producción pueda ser consumida.

    Para comprender la dinámica del Estatuto comunitario se debe remarcar algo muy importante. El sector comunitario no produce bienes directamente imprescindibles para la supervivencia. Podemos decir que es un añadido, muy humano, específicamente humano, muy importante, pero un añadido al realmente básico mundo de la producción de bienes «materiales» para vivir. El mercado es el motor creador de riqueza y de bienes. Sus excedentes de consumo permiten que todos los que no producen bienes «materiales» puedan consumirlos y, por tanto, que puedan ser financiados para que los adquieran. Si la producción de bienes de consumo decrece, la retribución de los acogidos al estatuto comunitario descenderá con el tiempo, inevitablemente. Esto los incentivará para ayudar a producir más o mejor, o bien directamente (incorporándose al mercado), o bien indirectamente (mejorando la educación, la salud, la investigación, los servicios, la información, la política...).
  • Para hacer viable esta dinámica, todo aquel que percibiera salarios o asignaciones comunitarias tendría adjudicado un número de «puntos» comunitarios. La suma total de puntos adjudicados en relación a la masa monetaria comunitaria daría el valor monetario del punto que podría oscilar, según el valor de la producción de consumo, de un lado, y según el número de puntos totales adjudicados, del otro.

    Se establecería así un mecanismo de feed-back, de autorregulación, que podría ser un buen sistema para evitar la burocracia de los servicios públicos. La competencia, que mejora el servicio, se daría en el conjunto de las profesiones liberales, debido a este mecanismo de autorregulación -oscilación de los sueldos en función del valor de los puntos- y también se daría en el seno de cada categoría profesional al estimular el incremento de sueldo y/o de categoría. Así, en este último caso, para incentivar el trabajo bien hecho en el interior del sector comunitario se podría establecer que cada «categoría profesional» comunitaria votase anualmente un tanto por ciento de compañeros para que ascendiesen de categoría profesional desde el punto de vista del sueldo, aunque no tuviesen la preparación -o no se necesitasen plazas para cubrir- para acceder a ellas desde el punto de vista de la práctica profesional.
  • Cualquier profesional comunitario podría pasarse al mercado y viceversa, pero con un cierto tiempo de espera y de medidas cautelares, aplicables según los casos.

La distinción entre los dos estatutos permitiría también la creación de un estatuto mixto (mercantil-comunitario) que favoreciera o bien la artesanía, o bien ciertas obras y servicios de interés general que necesitan precios políticos, pero a los que les falta la ayuda de capital privado para llevarlos a cabo.

Una aplicación cotidiana de la distinción entre el Sector Mercantil y el Sector Comunitario plantearía, evidentemente, una serie de interrogantes y objeciones tanto en relación a los criterios de distinción, como respecto al proceso de implantación gradual y por sectores. El estudio de estos interrogantes no corresponde, sin embargo, al nivel de exposición esquemática que estamos realizando.

5. Economía equilibrada, ecológica e informativa.

El sistema económico ha sido definido hasta el momento como un sistema pretendidamente equilibrado: tanta producción es igual a tanto ahorro-inversión más tanto consumo. Este equilibrio ha sido falaz en gran parte por no disponer de un sistema documental, cuantificador y orientador de los diferentes flujos mercantiles, sistema imposible con una moneda irracional.

Pero el sistema económico en su conjunto también es irracional porque, en tanto que sistema cerrado y pretendidamente equilibrado, olvida las entradas y salidas del sistema en su conjunto. Es decir, olvida las entradas de energía y de materiales y su salida con un grado más alto de entropía, como residuos o contaminación.

La moneda racional no solamente intenta contribuir a equilibrar el sistema económico sino que puede aportar elementos para situar el sistema económico equilibrado en un marco ecológico.

Una de las funciones de la moneda es ofrecer un sistema homogeneizador de todas las producciones y de todos los consumos. Pero la función de una moneda racional, además de ésta, podría ser la de ofrecer información de las producciones y de sus materiales y energías, todos ellos heterogéneos.

Esta información podría ser muy valiosa para racionalizar el uso de materiales y energías: socializando la información sobre su uso y penalizando o favoreciendo ciertos procesos de producción o ciertos productos de forma automática (introduciendo un impuesto ecológico). Con la parte recaudada se podría favorecer el uso de energías y de materiales reciclables, se podría crear un fondo de investigación y aplicación de nuevos procesos menos agotables y menos contaminantes y financiar un plan de ecología integral (suelo, bosque, agua, aire...).

La información y las posibilidades de financiación ayudarían a ir desmercantilizando y pasando a propiedad comunitaria todos los recursos naturales estratégicos para la supervivencia de la humanidad y para los equilibrios de los ecosistemas. La desmercantilización de los recursos -con propiedad y gestión comunitaria- podría evitar el malgastar muchos de ellos que hoy son utilizados simplemente porque son menos caros que otros (a nivel de precios) o porque dan, a determinadas empresas, mayores beneficios a corto plazo.

De esta manera se podría empezar a considerar que algunos, hasta ahora, indiscutibles «bienes económicos», pueden convertirse en «males económicos». Que el crecimiento económico medido únicamente con unidades monetarias homogeneizadoras, puede llegar a ser muy discutido si lo miramos bajo la óptica del crecimiento del grado de entropía o de la producción de contaminación que comporta.

La concreción de un Estado de derecho, con libertades y solidaridades concretas iguales, jurídicamente, para todos, precisa el establecimiento de una democracia económica, es decir, de un sistema económico que permita unas libertades y solidaridades concretas para todas las personas también en el aspecto mercantil.

  • La primera libertad y solidaridad social es la de tener derecho al consumo, es decir, a disponer de un dinero para comprar lo necesario para la existencia. Sin capacidad de consumir este mínimo existencial, y sin unos servicios culturales-comunitarios gratuitos, la democracia solamente es para quienes ya disponen de dinero y cultura.
  • La posibilidad de repartir dinero a todas las personas por el simple hecho de serlo y de financiar los servicios comunitarios podría ser viable gracias al sistema monetario que permitiría la justa invención comunitaria de dinero equilibrador del mercado y una simplificada recaudación fiscal automática.
  • El incremento cuantitativo y cualitativo de bienes de consumo depende de la capacidad de los agentes de producción para generarlos. Así, sería necesario fortalecer a quienes producen riqueza privada (trabajadores, empresarios, inversores, inventores) porque de su capacidad dependería explícitamente la financiación de los acogidos al Estatuto Comunitario. Cuanta mayor o mejor riqueza privada, mayor o mejor riqueza comunitaria a redistribuir. Y mejores servicios comunitarios. El bien privado, con este sistema distributivo, no se contrapondría al bien común, sino que podría potenciarlo vigorosamente y, como consecuencia, el bien común también favorecería el bien privado.
  • La superación de las crisis de inflación-deflación podría ser una de las aportaciones de un sistema monetario racional: en cada acto de compraventa el valor del cheque corresponde al de la factura. La velocidad de circulación del dinero quedaría controlada y no perturbaría el equilibrio económico (relación entre valor de las mercancías ofrecidas y valor de la demanda monetaria) que llegaría a ser casi automático: existiría la posibilidad de inventar comunitariamente, en la justa medida, la cantidad de dinero necesaria a cada incremento del libre valor mercantil de la producción.
  • La socialización de la información mercantil, es decir, poner ésta al alcance de toda la sociedad, abriría la posibilidad de una actuación democrática más inteligente y eficaz tanto en el mercado como en las finanzas públicas, actuación que permitiría ir más allá de la «planificación centralista» y de la «malversación mercantilista».
  • La necesaria reducción del horario legal de trabajo para hacer frente al desempleo estructural podría ser financiada con un plan comunitario, que evitase al máximo hacer recaer su coste en las empresas o en los trabajadores. El trabajo asalariado cada vez tendrá menor relevancia en el conjunto de la producción y se debe afrontar el desempleo forzoso replanteando el lema de «el que no trabaje, que no coma» apostando por las ocupaciones ciudadanas creativas.

6. Libres federación y confederación de las etnias que forman la sociedad geopolítica.

Defender las libertades concretas exige favorecer la autonomía y la independencia de todas las personas. Pero debemos considerar personas, no solamente a los individuos, sino también a las personas nacionales. Para evitar confusiones en un tema tan delicado entendemos que las personas nacionales (también llamadas etnias) son las que constituyen la sociedad geopolítica (que acostumbra a ser plurinacional y que es coordinada por un Estado).

El respeto a los derechos humanos no solamente incluye a los individuos y a las colectividades, sino también a las naciones humanas (etnias) desde los núcleos más básicos (familias, comunidades de vecinos, barrios..) a los más complejos (municipios, comarcas, etnias e interetnias históricas). La etnia es una nación con conciencia de tener una cultura, una ética y, eventualmente, una lengua propias.

  • El respeto a las etnias requeriría su libre y negociada adhesión al pacto federal constitutivo de la sociedad geopolítica que forman, de buen grado o condicionadas por la situación geoestratégica mundial.

    No existen motivos de peso para mantener los anacrónicos Estados-Nación centralistas, como no sea el de favorecer las concentraciones de poder en manos de despóticos estatismos. La libre vinculación de cada etnia e interetnia a un proyecto de sociedad política es uno de los indicadores democráticos más importantes y es la base para cualquier intento de solución pacificadora de las relaciones interétnicas. En nuestra realidad más próxima, la construcción de una Europa de las etnias puede ser un proyecto impulsor de la superación de las patrioterías de los Estados-Nación incapaces, hasta el momento, de crear una federación europea superadora de estatismos y para canalizar positivamente el resurgimiento de las etnias.
  • El marco federativo protector, de cara al exterior, de todas las etnias que constituyen la sociedad geopolítica federal permitiría, también, la libre múltiple confederación interna entre ellas en todos los niveles territoriales para un gobierno eficaz y libre de cada una.

    Los barrios, los municipios, las comarcas, las etnias históricas y sus respectivos gobiernos autónomos pueden aplicar hoy, con conocimiento de causa, gracias a la información telemática, el principio de subsidiariedad -cada uno asume todo lo que puede emprender y se confedera con otros para lo que no puede emprender solo- y, esto, teniendo en cuenta los diversos factores de conjunto que intervienen en la solución de un problema. Una información completa y una financiación equitativa no discutible, permiten esta asunción de responsabilidades muy interesante para atacar la constitución de poderes centralistas y para favorecer la real participación ciudadana iniciando el ejercicio democrático desde la base.

7. Relaciones exteriores equilibradas y interdependientes.

En el caso de la aplicación del cambio monetario en un único Estado, las nuevas reglas de juego también podrían abrir nuevas posibilidades en las relaciones con las otras sociedades geopolíticas (Estados plurinacionales) y, especialmente, en el equilibrio del comercio exterior.

En un mundo cada vez más interrelacionado en todos los aspectos, es preciso resituar un hipotético cambio global dentro de un marco geopolítico amplio, que ayude a superar los Estados-Nación y que dé cohesión a proyectos de federación política de múltiples etnias e interetnias, como puede ser el caso de la construcción de la Europa de las etnias. Pero, es posible que la necesaria construcción de una Europa independiente de los bloques, solidaria entre las diferentes etnias que la forman, y solidaria con los restantes pueblos de la Tierra, no sea el proyecto de la Europa de los Estados-Nación actual.

Cualquier cambio en las reglas de juego de alguno de los actuales Estados-Nación, o de Europa en su conjunto, requeriría establecer un nuevo sistema de relaciones con el resto del mundo.

Se trataría de replantear las relaciones a diferentes niveles:

  • en lo económico: buscar un equilibrio entre entradas y salidas; dejar de explotar y restituir -cuando sea necesario-; condonar la deuda externa generada por operaciones contables de la banca; favorecer el establecimiento de un nuevo sistema monetario personalizado contra la especulación y la hegemonía del dólar.
  • en lo político: potenciar la cooperación, superando los bloques militares y favoreciendo la libre federación de zonas más amplias.
  • en lo cultural: respetar las diferentes culturas y economías, y favorecer el conocimiento mutuo y el diálogo.
  • en lo ecológico: potenciar el equilibrio de los ecosistemas planetarios y reconvertir los sistemas industriales contaminantes.

Las propuestas que a lo largo del libro se han ido presentando en el aspecto monetario y mercantil se tienen que aplicar, ahora, en las relaciones interestatales. Para potenciar este cambio se tendrían que establecer unos principios, unos acuerdos y unos instrumentos que permitiesen:

  • La no circulación en vacío de divisas ni su cotización en bolsa.

    El dinero, anotaciones en cuentas corrientes, solamente se podría mover de sociedad a sociedad, como contrapartida de una compraventa de mercancías -bienes y servicios- o como poder de compra avanzado -crédito- para adquirirlas; la moneda del país, por tanto, no sería un objeto cotizable en bolsa, sobre el que se pueda especular.
  • El equilibrio de las balanzas comerciales entre sociedades geopolíticas para evitar la dependencia de unos y el imperialismo de los otros, para imposibilitar el endeudamiento exterior irresponsable.

    El registro de cada operación comercial con el exterior -compra-venta, créditos-intereses- permitiría tender al equilibrio entre el valor de las importaciones y el de las exportaciones. Los derechos de aduana podrían convertirse en elemento regulador del libre comercio, gravando, sea las importaciones, sea las exportaciones si se rompiera el equilibrio acordado en un tratado bilateral o multilateral de comercio exterior. Este equilibrio obligaría, por ejemplo, a pagar bien las materias primas de los países hasta ahora explotados porque, de lo contrario, no podrían comprar productos manufacturados por el mismo valor. Es totalmente absurda la pretensión de querer mantener la balanza comercial siempre favorable ya que en caso de conseguirlo quiere decir que otros países la tienen desfavorable. Con este sistema se limitaría el terrible problema del endeudamiento.
  • El establecimiento del valor adquisitivo de cada moneda en función del poder de compra de alguna determinada mercancía -o de un conjunto de ellas- valor lo más estable posible, que permita, por una regla de tres, relacionar el valor de esta moneda con las otras para que el comercio se pudiera realizar equitativamente. Éste podría ser un camino mientras no se estableciese un sistema monetario racional a nivel internacional.

    La aceptación actual del dólar como moneda de pago internacional desequilibra gravemente el comercio mundial debido a que el dólar -unidad de medida- fluctúa en función de intereses muy diversos: que el dólar suba o baje puede significar el enriquecimiento de unos pocos o la miseria de millones.
  • La posibilidad de redistribución mundial de los recursos, especialmente de los excedentes de producción, gracias a la posibilidad de invención de dinero en función de los excedentes en el mercado interior que, así, podrían exportarse a países deficitarios sin tener que destruir los excedentes por miedo a la invendibilidad o a la bajada de precios por debajo del precio de coste.

    Cuando el dinero no es documentalmente racional, su carencia puede impedir a otro país comprar una determinada mercancía y provocar una pérdida para quien la ha producido y no la puede vender -en el caso del mercado interior saturado-. Este círculo infernal, que a nadie beneficia, podría ser estudiado con una moneda informativa que canalizase la oferta mercantil dotando de poder de compra al posible comerciante exportador-importador (con créditos) y, al mismo tiempo, a los posibles consumidores (financiados comunitariamente) de alguna otra sociedad geopolítica deficitaria de esta mercancía.

    Para evitar la inmigración, debida a grandes diferencias de condiciones de vida entre países, las posibilidades de otorgar créditos a fondo perdido a países en dificultades, en función de capacidades productivas propias no aprovechadas, podría ayudar a implementar sistemas monetarios racionales parecidos en otros lugares. Se debería velar, sin embargo, para evitar que la «cooperación» no fuese causa de la destrucción de los mercados del país receptor o creadora de nuevas necesidades artificiales para su cultura.
  • La viabilidad de un sistema de cambio de moneda para viajeros extranjeros. Éstos al llegar al país en cuestión, ingresarían su moneda de origen en una cuenta corriente que podrían utilizar con la correspondiente tarjeta personalizada. La moneda extranjera guardada en los bancos serviría para facilitar a los ciudadanos del país la salida al extranjero de viaje. El movimiento de «divisas» por viajes formaría parte del equilibrio general del comercio exterior.

El conjunto de posibles reglas de juego, expuestas de forma esquemática, pueden no llegar a dar una idea suficientemente clara de los posibles beneficios que el ciudadano corriente tendría en la vida cotidiana. Para intentar superar esta dificultad podríamos imaginar sus repercusiones en un tema complejo como el de la seguridad ciudadana.

La inseguridad ciudadana es hoy la excusa para potenciar el reforzamiento del estatismo policial. En cambio, no se hace nada para evitar las causas de la pequeña delincuencia ni para resolver el «terrorismo» siempre tan «rentable» para el poder.

La seguridad ciudadana, con un sistema de moneda telemática personalizada e informativa, no necesitaría cuerpos policiales, arbitrarios, ineficaces y corruptos. La personalización de las relaciones monetarias y mercantiles de una parte, y la resolución de los principales temas de violencia social (la miseria, la pobreza, la marginación, la droga... y la falta de libertad federativa de las etnias) de la otra, podrían llevar a una reducción drástica de la violencia social.

La supresión del dinero anónimo impediría la realización práctica de la mayoría de los delitos por causa del dinero (que son la gran parte). La asignación a cada persona (especialmente a los marginados y a los sin trabajo) de salarios comunitarios, juntamente con la gratuidad de todos los servicios culturales y asistenciales, atacaría de raíz algunas de las causas de gran parte de la delincuencia actual. Una ayuda especial a las mujeres permitiría a éstas liberarse más fácilmente de padecer las consecuencias de delitos que hoy casi ni tan sólo son denunciados (palizas del marido, violaciones...) y despenalizaría hechos que la legislación actual condena o dificulta (aborto, divorcio,...).

La legalización, controlada por el sistema monetario, del uso y comercio de drogas (alcohol, tabaco, marihuana, ácidos...) evitaría las mafias de los traficantes y las nocivas adulteraciones de los productos; y permitiría eliminar el regusto de aventura subversiva y peligrosa que la prohibición genera. Los adecuados tratamientos de desintoxicación en manos de profesionales independientes y con medios a su disposición, una información clara sobre los efectos de las drogas y las posibilidades de desarrollar intereses personales hasta ahora vetados por falta de medios; parecen sistemas mejores que las persecuciones policiales.

La mayoría de delitos habituales (evasión de divisas, falsificación de documentos, estafas, chantajes, rehenes, atracos, robos, prostitución, trata de blancas, proxenetismo, tráfico de drogas, de armas y de obras de arte, soborno de funcionarios, de políticos, de jueces, asesinatos o todo tipo de estragos por encargo, extorsiones...) necesitan, usan o buscan el dinero anónimo. Su supresión impediría el uso del cuerpo del delito. Seguramente surgirían nuevas formas de delincuencia, pero estaría bien que, de momento, consiguiéramos erradicar en gran parte las causas y los instrumentos de las actuales.

La lucha armada de liberación de clase o de liberación nacional, en del marco de una sociedad libremente federativa de las etnias que la componen y eficientemente solidaria, especialmente con los desheredados, quedaría prácticamente sin motivación. Pero, también, sin posibilidades de ejercerse en régimen de moneda personalizada ya que imposibilitaría las fuentes de financiación habituales de estas organizaciones (fondos secretos, atracos, impuesto revolucionario,...) y el tráfico de armas.

Este conjunto de medidas podrían devolver la tranquilidad de pasear sin ser asediado por mendigos, por atracadores, por colocaciones de bombas, o... por acciones policíacas antidisturbios.

La función de la policía sería de velar por el respeto a las reglas de juego constitucional y a las normas de convivencia de cada comunidad étnica. Los policías podrían ir, normalmente, desarmados. El cumplimiento de las reglas de juego constitucional no dependería tanto de la represión -siempre ineficaz a la larga- como de la asunción de la responsabilidad documentada de los actos libres de las personas ante la Justicia que dispondría, para investigar o sentenciar un caso, de dicha documentación. En la medida en que la flexibilidad de las instituciones democráticas fuese real se permitiría expresar con gran facilidad la voz de las minorías, sin que estuviesen condenadas a recurrir a la violencia.


Hasta aquí algunas reglas de juego, que de una u otra manera, podrían servir para implantar y aprovechar la moneda informativa y personalizada. Es fácil comprender que sólo son indicaciones para un estudio más profundo. Explicar temas complejos e interconectados de forma simple y lineal siempre es un riesgo. Pero no explicarlos puede dificultar el ver la conexión entre el cambio monetario propuesto y los posibles nuevos escenarios de cambio social.

Capítulo 18. Domar el toro. El poder del dinero. Índice. El poder del dinero. Capítulo 20. Cambiar la llave para abrir la puerta. El poder del dinero.

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