Capítulo 7. Condiciones políticas mínimas para la implantación de la factura-cheque telemática.

1. Objetivos de este capítulo.

En este capítulo se intentará plantear las condiciones prácticas mínimas que deben darse para que la implantación de la factura-cheque telemática no sólo sea técnicamente viable -cosa que parece estar ya demostrada- sino que, también y sobre todo, sea políticamente viable en el doble sentido siguiente:

2. La disyuntiva actual.

La propuesta de un instrumento monetario transparente e informativo como el que hemos descrito en el capítulo anterioracostumbra a despertar inmediatamente muchas reticencias referentes a una cuestión fundamental: ¿no será la factura-cheque el instrumento sofisticado de un nuevo totalitarismo al estilo del descrito por George Orwell en su obra 1984, de un poder y una opresión nunca vistos por parte de un Estado que ahora lo podrá saber casi todo sobre sus ciudadanos?. ¿Dónde quedará la libertad y la intimidad personales, hasta hoy fundamentadas en el anonimato y muy especialmente en el anonimato monetario?

Antes de contestar adecuadamente a esta objeción hay que llamar la atención sobre un hecho evidente. La revolución telemática es hoy, ya, un hecho imparable e irreversible que afectará, cada vez más, a todos los campos de la actividad humana, pero siempre en una dimensión puramente instrumental-inerte, al servicio de quién mande realmente.

Por otro lado, también hay que considerar que la telemática, como toda tecnología, es susceptible de utilizaciones muy diversas, en función de los ideales y de los intereses inspiradores de cada acción concreta.

Por estos dos motivos, la telemática -como instrumento auxiliar potentísimo en el campo de la transmisión y tratamiento de la información- implica necesariamente, o bien una gran esperanza para todos los pueblos de la tierra -a condición de que se entienda y se aplique como un instrumento accesible a todo el mundo, dedicado al servicio de la libertad, la dignidad y la información de todas las personas- o bien, una gran amenaza de más despotismo y poder sobre las personas -si es que resulta monopolizada por los poderosos de turno, al servicio exclusivo de sus intereses-.

La disyuntiva que se acaba de plantear es también clara en el caso de la factura-cheque telemática.

Guste o no, lo cierto es que el mercado telemático será un hecho de aquí a pocos años. En todos los países tecnológicamente avanzados están en marcha diversas experiencias de dinero electrónico que no tardarán en extenderse ampliamente.

Ahora bien, estas diferentes iniciativas no se engloban aún en el contexto de una reflexión teórica sobre el sistema monetario global y su articulación en la sociedad entera. De esta manera, la monética -es decir, el sistema monetario telemático- nos puede conducir más bien al despotismo absoluto profetizado por Orwell y Huxley que no a un mundo de libertades concretas como el que deseamos.

Hay que aceptar, por lo tanto, el reto propuesto por la revolución telemática y, en lugar de optar por soluciones regresivas -que en realidad son impracticables dada la irreversibilidad del fenómeno- esforzarse por encontrar los mecanismos concretos que deben proteger las libertades concretas de todos los ciudadanos.

En este capítulo se propondrán dos de estos mecanismos. Hay que advertir que serán tratados desde un punto de vista principalmente práctico, de medidas técnicas a tomar, mientras que las motivaciones de fondo y posibles repercusiones sociales de dichos mecanismos serán tratadas con detalle en otro volumen.

3. Una justicia independiente, protectora del archivo monetario personalizado.

El control de la población está inscrito en el mismo desarrollo tecnológico-social de la telemática monetaria que se está imponiendo, nos guste o no.

El problema a resolver no radica, pues, en el control sino en el uso que se hará de él y en la autoridad legítima o el poder ilegítimo que determinará este uso.

Entre las diferentes entidades sociales y políticas que podrían asumir esta función, se opta aquí por la autoridad justicial, la cual, siendo realmente independiente del Estado, podría encargarse con objetividad del archivo monetario total de la sociedad geopolítica.

La Justicia no tiene mando directo sobre el presente de las personas sino que se limita exclusivamente a sancionar su pasado documentado. Y, si es realmente independiente del Estado -del Ejecutivo y del Legislativo-, no puede salirse del rígido marco técnico de la ley, a la cual está total y únicamente subordinada.

Por estos motivos, la Justicia puede constituirse en la autoridad más indicada para velar con eficacia:

La Justicia, pues, debe ser la única institución que tenga acceso a la totalidad de los datos recogidos por la red monetaria telemática. El derecho de acceso del Estado y de los particulares estará constitucionalmente limitado a los datos de tipo analítico-estadístico, es decir, sin mención de nombres ni identificación de personas.

También sería conveniente que, a la larga, todos los equipos que formen la red monetaria telemática -tanto los equipos materiales como los equipos humanos- dependieran de la Justicia.

El hecho de que la Justicia sea el único custodio de la información monetaria-telemática y la única autoridad que tenga acceso en plenitud a la red, no significa que este derecho de acceso se tenga que ejercer indiscriminadamente. La ley tendrá que prever que la Justicia sólo podrá usar la información que custodia en aquello que haga referencia a un caso de instrucción concreto. Cuando un juez de instrucción tenga motivos fundados de consulta de documentos monetarios relacionados con el caso que esté instruyendo, éste juez, y sólo él, podrá examinar los documentos relacionados. únicamente estos podrán ser hechos públicos delante del Tribunal corespondiente.

Es evidente, sin embargo, que a muchos les parecerá ilusoria la posibilidad de una Justicia neutral, objetiva, desinteresada. Los casos de corrupción entre los miembros de la autoridad judicial no son desconocidos.

Por este motivo, hay que tomar también medidas técnicas concretas que garanticen la real independencia de la Justicia respecto del Estado y de cualquier tipo de poder. Sólo esta independencia puede devolver la confianza en la Justicia como protectora eficaz de todos los miembros de la sociedad geopolítica.

Independencia económica: para conseguirla, hay que constitucionalizar unos presupuestos justiciales totalmente independientes de los del Estado, fijados en un tanto por ciento determinado del presupuesto total, que iría a parar automáticamente a la Justicia, sin ningún tipo de discusión.

Independencia institucional: el órgano justicial debe ser, en cuanto a institución, totalmente independiente del Estado. Esto supone, principalmente, la desaparición completa del Ministerio de Justicia. Cada Colegio de Justicia a su nivel local y técnico, y la Confederación de Colegios a nivel de conjunto, deben ser los únicos con capacidad real de decisión y sanción, dentro el marco de la legislación establecida.

Independencia organizativa: fundamentada en las dos independencias anteriores, la Justicia puede llegar a ser realmente autogestionada, con plena libertad de organización y decisión en todos los ámbitos y aspectos de su labor específica: gestión, nombramientos, promoción, estudios, deontología, elección de órganos superiores, etc.

Cuando el Gobierno paga, nombra y vigila no puede existir una verdadera independencia, ni en el terreno personal, ni en el de las instituciones.

4. Socialización de la información analítico-estadística.

Una segunda medida política, imprescindible para asegurar el uso democrático de la factura-cheque telemática, es la socialización de la red monetaria telemática y de toda la información analítico-estadística obtenida a través de ella. Esta medida es la única garantía eficaz para poder asegurar que toda esta información, tan importante, sobre las dimensiones monetarias del mercado y de la sociedad, no sea monopolizada por grupos de poder, fácticos u oficiales, en su propio beneficio y en contra de la población.

La información es hoy el elemento decisivo a la hora de actuar con eficacia e inteligencia.

Los banqueros, por ejemplo, han ejercido eficazmente desde muy antiguo su profesión, gracias al hecho de que poseen una buena información sobre las necesidades del mercado en cada momento. Esta información les permite maximizar sus beneficios y ofrecer buenos negocios a sus clientes. Pero la información asequible a cada banco y banquero tiene el gravísimo inconveniente de ser muy parcial y subjetiva, ya que es solamente sectorial en función de las características profesionales de sus clientes, que siempre son pocos en comparación con el censo total de habitantes. Si el cliente logra hacer un buen negocio, el banco lo hace buenísimo, puesto que éste sólo ha puesto su inteligencia y su información, mientras que el cliente ha puesto su dinero -propio o prestado por el banco-, su espíritu de empresa, su trabajo y el de sus colaboradores.

También se dice que «saber es poder»: quien tiene la información puede utilizarla para obtener su beneficio aprovechándose de los que no la poseen. Casi siempre que una información es mantenida en secreto -esóterica, oculta, reservada a una minoría-, este saber degenera en poder sobre y contra las personas.

Los sistemas actuales de poder a través de la información son muy sofisticados, porque pueden servirse de las tecnologías de la información. En muchos Estados tecnológicamente avanzados se están poniendo a punto sistemas telemáticos de identificación y de control policíaco de la población. La información monetaria está monopolizada por los bancos, aunque cada uno sólo sabe lo que hace referencia a sus propios clientes. El pago electrónico se irá extendiendo cada vez más y también la información sobre las actividades monetarias de sus clientes será cada vez más completa por parte de los Bancos.

Ante esta situación, hay que plantearse con claridad las diferentes posibilidades de acción:

Esta última puede parecer la más inteligente de las tres alternativas. Así, la información proporcionada por la red monetaria telemática debe ser custodiada, en todo aquello que sean referencias personales, por una Justicia independiente del Estado y de cualquier poder de hecho o de «derecho».

Pero la integración centralizada de las facturas-cheque, una vez vacías de referencias personales, da lugar a una analitica-estadistica sectorial y global de toda la sociedad geopolítica, que puede ser fácilmente socializada: es decir, puesta a disposición de toda la población, en todas sus categorías sociales y niveles de cultura.

Esta socialización de toda la red monetaria telemática y de toda la información por ella proporcionada, implica, en el proyecto que aquí se presenta:

De este modo, la red monetaria telemática puede convertirse en un auténtico patrimonio comunitario, puesto a la entera, libre y gratuita disposición:

La democratización y popularización de toda esta información es también fácil de organizar, a través de diversos sistemas: pantallas telemáticas en edificios públicos, cabinas especiales de consulta, la pantalla del televisor doméstico... Las pantallas pueden servir la información en forma de gráficos, de imágenes sintéticas que jueguen con formas y colores de tal manera que resulte una popularización asequible a cualquier nivel de cultura ya cualquier televidente que utilice la pantalla de su televisor.

5. Sugerencias legislativas sobre la transición monetaria.

La proposición teórica de un cambio de sistema monetario ha de acompañarse, si quiere ser viable, de un estudio completo y objetivo sobre la forma de llevar a término este cambio.

No es este el lugar para realizar este estudio, pero sí que conviene dar algunas sugerencias sobre la forma en que podría darse el paso desde el régimen actual de moneda anónima a un régimen en el que la factura-cheque telemática fuese el único instrumento monetario legal.

La primera acción de cualquier Estado que quiera adoptar la factura-cheque como único instrumento monetario legal debe ser la supresión radical de todos los instrumentos monetarios vigentes. Será necesario dar, por ley, un plazo para su conversión en unidades monetarias inscritas en una cuenta corriente bien personalizada.

Inmediatamente deberá ser obligatoria por ley la utilización exclusiva de la factura-cheque en toda transacción de mercado. Ninguna mercancía podrá cambiar de manos sin la correspondiente factura-cheque; e inversamente, ninguna factura-cheque podrá ser emitida sin la correspondiente transacción de mercancía: ésta es la regla fundamental de toda la nueva legislación monetaria. Las consecuencias prácticas de esta regla son múltiples e importantes. Para poner algunos ejemplos: ninguna mercancía que no sea legal, que no figure en el arancel de mercancías, podrá ser comprada ni vendida a través de la factura-cheque, ya que esta comporta obligatoriamente el número arancelario de la mercancía intercambiada; los regalos de objetos valiosos, o de dinero, serán materialmente imposibles, ya que la factura-cheque identifica al propietario real y legal de cada uno de los objetos comprados¹.

Ahora bien, probablemente esta ruptura no podrá ser realizada de forma instantánea, ya sea por falta de parque informático suficiente, ya sea por desconocimiento de los mecanismos por parte de los usuarios. De modo que la ley tendrá que prever un sistema de transformación progresiva, atendiendo a las posibilidades de cada sector de población considerado.

Hay que prever, fundamentalmente, dos casos:

a. Las empresas. Respecto a las empresas no se podrá hacer, desde el principio, ninguna excepción, ya que ellas están técnicamente preparadas para el uso de la factura-cheque. Cualquier empresario -por individual o analfabeto que sea- debe ser considerado como una unidad de producción, es decir, como una empresa. Por tanto, en sus compras de factores de producción a otras empresas tendrá que utilizar obligatoriamente la factura-cheque interempresarial.

Para solventar los problemas que puedan presentarse en el caso de productores faltos de capacidad o muy aislados, se tendrá que organizar por ley unos servicios comarcales de ayuda, a cargo de la confederación local de Bancos de Negocios o Cajas de Ahorros.

b. Los consumidores. Para los consumidores que, por razones culturales o por prejuicios del tipo que sea, no puedan o quieran, de momento, adherirse al pago por factura-cheque, puede establecerse un sistema de transición progresiva.

En una primera etapa, se dejarán en circulación «billetes al portador» de un máximo, por ejemplo, de 25 unidades monetarias y con un límite de retirada de la cuenta corriente de, por ejemplo, 1.000 unidades monetarias diarias.

Paralelamente, se irá potenciando el uso de la factura-cheque de consumo a través de, por ejemplo:

En una segunda etapa, cuando la anterior ya esté bastante avanzada, se retirarán totalmente los «billetes al portador». Únicamente para los más recalcitrantes se podrá vender, diariamente y solamente en el Ayuntamiento de cada barrio o municipio, unos talonarios de, por ejemplo, 1.000 billetes en unidades monetarias y que nada más tendrán un día de validez. Estos talonarios se adquirirán contra una factura-cheque sobre la cuenta corriente del interesado; los billetes no utilizados serán cambiados al día siguiente en el Ayuntamiento. Los billetes utilizados serán remitidos a su Banco de Negocios por el comerciante o el industrial minorista quien los habrá neutralizado instantáneamente, según ley, con su propio sello-tampón.

6. Equipos y equipamientos telemáticos.

Otro aspecto muy interesante a la hora de llevar a la práctica el sistema monetario propuesto, es el de los equipos humanos y equipamientos materiales de que necesariamente debe dotarse tal sistema.

Efectivamente, un sistema monetario telemático supone la instalación de una red monetaria completa en los niveles citados en el capítulo 6: nivel de centros facturadores; nivel de centros contables; nivel de centro geopolítico y nivel de centro geojusticial. Supone también la existencia de unos equipos de especialistas eficientes que trabajen en la elaboración y mejora de los programas de análisis y estadística monetaria.

La ley tendrá que prever, pues, un plan coherente y viable para la formación de dichos equipamientos técnicos y equipos humanos.

a. Equipamientos materiales. De la misma manera que la información analítica-estadística sobre el mercado, las instalaciones telemáticas deben ser, a la larga, socializadas como un patrimonio comunitario de toda la sociedad geopolítica.

Pero el problema práctico que se plantea en primer lugar es el de la constitución inicial de una red suficiente para llevar a término el sistema monetario telemático.

Una solución de emergencia, caso de no disponer de recursos suficientes para montar una red nueva completa, podría ser la de alquilar todas las instalaciones telemáticas adecuadas, ya existentes en la sociedad geopolítica considerada. Estas instalaciones podrían alquilarse en los intervalos libres, a precio de mercado libre y con opción de compra final.

b. Equipos humanos. Los equipos humanos encargados de elaborar y perfeccionar continuamente los programas monetarios deberán ser financiados por el Tesoro de la sociedad geopolítica. Tendrán que estar suficientemente remunerados para que se pueda competir con la iniciativa privada en cuanto al grado de calificación personal profesional.

Una cuestión muy importante que se debe prever, es la necesaria triplificación del centro monetario telemático geopolítico y del centro monetario geojusticial².

Efectivamente, para garantizar la fiabilidad del sistema, tanto la Justicia (documentación completa) como el Estado (documentación exclusivamente mercantil) deben, cada uno de ellos por separado y en vistas a ser confrontado, realizar su autopilotaje de mercado y sociedad con tres sistemas telemáticos diferentes y tres equipos humanos totalmente independientes. Este objetivo se podrá ir alcanzando a medida de que se disponga de los medios financieros suficientes.

7. Simplificación fiscal.

A pesar de que este tema será tratado con más detalle en el capítulo 11, merece la pena señalar aquí que una de las posibilidades políticas de más importancia que aporta la factura-cheque telemática es la de una gran reforma fiscal.

De hecho, el temor al fisco puede ser, precisamente, uno de los motivos que creen más rechazo hacia la proposición aquí presentada: es evidente que con un sistema monetario telemático plenamente informativo, la evasión y el fraude fiscal son materialmente imposibles y, de este modo, el Estado puede convertirse en un amo despótico.

La propuesta política, por tanto, debe resultar atractiva para todo el mundo, evitando el rechazo de la mayoría. Desde esta perspectiva es viable la opción siguiente, que se detallará en el capítulo 11:

Nota:

¹Se deberá crear una institución especializada que estudie las peticiones de donaciones de valores materiales o monetarios y conceda, razonadamente o no, la posibilidad de realización y legalización de la donación.
²La triple red telemática de mutuo autocontrol es habitual en todo pilotaje automático moderno de barco o de avión.

La red número 1, la más moderna, da las órdenes, excepto si existe una contradicción flagrante con los parámetros manejados por las otras dos redes. En este caso, la red número 2 toma el relevo autocontrolada por la red número 3, etc. Este mecanismo da tiempo de revisar y arreglar la red número 1. Como las tres redes son de construcciones distintas (hardware) y sus «logiciales» (software) han sido fruto intelectual inerte de distintos equipos de analistas-programadores, es prácticamente imposible a nadie, incluso a un supertécnico, incidir sincrónicamente en los 3 procesos.

Este sistema impide manipular datos a cualquiera, incluso al que «gobierna las cosas y manda a las personas» que prefiere no implantarlo para poder actuar libremente, aunque esto comporte «estafas» de sus subordinados.