Capítulo 18. Domar el toro.

La hipótesis que consideramos más adecuada es la segunda -garantías de un uso democrático del dinero electrónico- y para concretarla proponemos:

Primero. La supresión de todo dinero anónimo (sustitución por un único sistema de dinero electrónico para todos: ricos y pobres, gobernantes y gobernados);

Segundo. La protección de los datos personales (con único acceso del propio interesado y de una Justicia independiente -en caso de documentar una sentencia);

Tercero. La socialización de los datos contables para ir más allá de la planificación centralista y del caos mercantilista; para equilibrar la masa monetaria evitando la inflación-deflación; para redistribuir el excedente solidariamente y mejorar/superar los sistemas fiscales actuales.

Como hemos visto, la propuesta de un nuevo instrumento monetario puede hacer posible la aplicación coherente y democrática de la monética: sistema de transferencia electrónica de fondos activada por tarjetas inteligentes personalizadas, de difícil manipulación.

Para intentar evitar los peligros de la monética, y para aprovechar sus posibilidades como instrumento de cambio social, es preciso buscar un marco de reglas de juego sociales, mercantiles, económicas, judiciales y políticas que garanticen un buen uso de la monética, que no debe ser otro que el de un instrumento para concretar libertades y solidaridades. En este capítulo expondremos las condiciones de aplicación para evitar peligros. En el próximo, algunas de las oportunidades de cambio social que se pueden dar.

Optar por establecer un sistema de garantías para el uso democrático y coherente de la moneda electrónica es ciertamente arriesgado porque, al lado de grandes posibilidades, parece que se pueda legitimar la primera opción (la monética como control del pueblo, sin que el pueblo controle a quien le controla). Es para evitar este peligro que es necesario ser muy claros en las condiciones de aplicación de la monética.

Primera. La sustitución de todo tipo de moneda anónima por un sistema de cuentas corrientes personalizadas y activadas por tarjetas inteligentes que aseguren la «factura-cheque» en cada acto «monetario», de tal manera que no pueda circular dinero negro corruptor y antisolidario, sin dejar rastro.

La moneda electrónica tendría que ser declarada la única legal. Todas las formas de moneda anónima anteriores (billetes, cheques, monedas metálicas...casi-dinero...) perderían su valor después de ser anotado éste en la cuenta corriente de cada persona (individual o colectiva).

La supresión de la circulación paralela de los dos tipos de moneda -anónima actual y personalizada electrónica- es imprescindible para evitar al máximo el juego sucio. Si, como se está haciendo, no se anulan los billetes de banco, la mayoría de la población hará servir el dinero electrónico -que deja rastro- para las operaciones legales; y las minorías que posean el control de la moneda anónima utilizarán ésta -sin dejar rastro- para las operaciones ilegales de siempre -chantajes, robos, tráfico de armas y drogas, sobornos...-.

La información del dinero electrónico debería ser tratada de diferente manera, según la siguiente distinción:

La aplicación actual de la moneda electrónica no tiene en cuenta estas distinciones ni garantías. Los resultados son conocidos: cualquiera -con influencia o dinero- puede utilizar la información personalizada de otra persona con intención de perjudicarla; la Justicia continúa sin tener la documentación exhaustiva que precisa para su correcto ejercicio. Los resultados antimonopolio informativo y anticorrupción mercantil son casi nulos.

En resumen, el principio fundamental de una aplicación democrática y coherente de la moneda telemática es que no puede existir movimiento de moneda sin un respectivo movimiento de «mercancía» (bienes o servicios mercantiles).

La Justicia podrá detectar si se ha habido movimiento de dinero sin que tal movimiento corresponda a la compra o venta de «mercancías», fenómeno que indica claramente que se ha producido una operación ilegal.

Segunda. La protección de los datos personales, no garantizada por ninguno de los sistemas democráticos actuales -ni fiscalistas ni monéticos- es fundamental. Esta protección debe asegurarse al máximo con un conjunto de medidas coherentes de tipo político, fiscal, judicial, social y técnico.

Cuando se buscan unas reglas de juego mínimas que permitan un uso con garantías de la monética, no es suficiente suprimir el dinero anónimo si además no se redefine un conjunto de instituciones que son estratégicas para gestionar adecuadamente la información derivada de la generalización de la moneda electrónica; instituciones que no siempre están cumpliendo la función «formal» que les ha sido adjudicada.

La problemática planteada en el capítulo 9 sobre cómo conseguir unas instituciones culturales, políticas y judiciales máximamente independientes para conseguir liberarse de la servidumbre del «quien paga, manda», retoma aquí una importancia crucial. En el próximo capítulo se explicará más sobre los objetivos y el funcionamiento de lo que podemos denominar «estatuto comunitario». Ahora sólo expondremos los rasgos imprescindibles para ubicar las instituciones necesarias en la buena gestión de la información monetaria.

En la mayoría de sociedades actuales podemos distinguir entre el ámbito mercantil (formado los que producen bienes y servicios en el mercado, guiados por la obtención de ganancias) y el ámbito comunitario (formado por los que ofrecen a la sociedad servicios no sujetos a las leyes del mercado, muchos de ellos hoy encuadrados en el sector público o en instituciones sin ánimo de lucro).

Parece que la separación entre estatuto comunitario (servicios y profesiones que se ofrecen con carácter gratuito y que serían financiados comunitariamente) y estatuto mercantil (trabajadores, inversores, empresarios e inventores retribuidos por el mercado) evitaría que el dinero del mercado («poder de la riqueza») pudiera poner bajo su servicio a los profesionales liberales y a los servicios comunitarios («poder del saber»).

Las listas de incompatibilidades, siempre casuísticas y de fácil incumplimiento, se muestran incapaces de evitar el acaparamiento de influencia pública en manos de unos pocos bien situados en el mercado y en la vida pública. Este poder fáctico debe reducirse al máximo, ya que atenta igualmente contra el Estado de derecho. El objetivo fundamental de esta distinción es que el dinero mercantil no se transforme en poder «político» y que el servicio comunitario-liberal no se transforme en negocio.

Esta separación implicaría:

A través de estos dos mecanismos sería más probable impedir la intrusión ilegítima de los poderes fácticos (que se generan a la sombra del dinero anónimo mercantil) en las actividades comunitarias en general y, más concretamente, en las instituciones de mando político, cívico y judicial, las cuales son por vocación y pertinencia claramente no-mercantil.

En el contexto del estatuto comunitario se debe crear o encontrar una institución que vele por la protección de los datos personales y que vigile-contraste la fiabilidad de los datos «económicos» ofrecidos por el Gobierno. En algunas ocasiones a lo largo del texto ya hemos comentado la necesidad de mejorar los sistemas de documentación de la administración de justicia así como de incrementar su independencia. Si no se cree oportuno crear nuevas instituciones, parece que la institución judicial sea la más adecuada para asumir la protección de los datos personalizados -dado que no tiene fuerza para imponer una tiranía- y al mismo tiempo estos datos son de gran valor para ejercer la función de investigar delitos y documentar sentencias.

El sistema informático sólo permitiría el acceso -siempre personalizado- a las bases de datos de aquellos miembros de la judicatura encargados de un caso que lo requiriera. Cualquier consulta injustificada, además de ser técnicamente difícil, sería legalmente castigada.

Parece claro que el punto más «delicado» de la propuesta de implantación generalizada de la monética es el de la independencia de la Justicia, institución que llega a ser la protectora de la privacidad y la garante del Estado de derecho. En el próximo capítulo se expondrá un marco de normas que aseguren su máxima independencia y renovación. Ahora, aquí, sólo una precisión sobre los sistemas de autocontrol de las redes telemáticas que las hace, prácticamente, inviolables.

Para evitar manipulaciones de la información sería necesario establecer sistemas de autocontrol que asegurasen la máxima inviolabilidad. Existen diversos sistemas. Uno de los más usados y seguros es el que funciona con tres redes paralelas de ordenadores que procesan los mismos datos. Se introduce un altísimo grado de seguridad, sobre todo si el hardware, el software y los equipos humanos son diferentes e independientes.

Estas tres redes comprobarían al mismo tiempo la ausencia de manipulación de las tres redes, también altamente inviolables, del procesamiento de datos contables sin referencias personales, que el centro socializador de la información necesitaría para funciones económicas.

Todo esto puede parecer muy caro y complicado. Pero, son sistemas que se están utilizando en la actualidad cuando se pretende asegurar informaciones o controles estratégicos.

En El País del 12 de marzo de 1986, el coordinador informático del recuento provisional de votos del referéndum sobre la OTAN explicaba cómo se realiza el proceso: «En relación al mecanismo informático que permitirá conocer hacia las 22.00 horas los resultados provisionales, no oculta su satisfacción por considerarlo de una fiabilidad infalible.(..). los datos, son incorporados cada 15 minutos en el ordenador central -en realidad se trata de tres ordenadores que funcionan en paralelo por si se produce alguna «caída» del sistema-» (Antonio Humada).

Para un simple recuento provisional de votos se instalan tres ordenadores para evitar la «caída» -el error, la manipulación- del sistema. Para asegurar la fiabilidad de los datos macroeconómicos y judiciales...¿no se podría hacer lo mismo?.

Instalar 3 ó 5 redes de procesamiento de datos en paralelo -para asegurar que den los mismos resultados- es habitual en muchos «sistemas» caros y sofisticados (p.ej. en las naves espaciales y en los submarinos atómicos). ¿Por qué ha de ser considerado caro instalarlas en aspectos tan estratégicos como el sistema económico o el judicial?.

Tercera. La socialización de los datos contables -no personales-, es decir, los datos referentes al tipo de mercancías, precios, lugares, calidades ecológicas... deben estar al alcance de toda la población de forma inteligible a cada nivel de interés.

El acaparamiento de información es poder. La socialización de una información exacta y exhaustiva del mercado -sin referencias personales- podría generar una libre actuación muy eficaz en todos los ámbitos, si se hiciese comprensible y estuviera al alcance de la población. El control de los medios informativos por parte de empresas privadas -como negocio- o por parte del Estado -como manipulador de opinión- es una de las armas más sutiles y más eficaces de que disponen los poderes fácticos para perpetuarse.

El estatuto comunitario permitiría desmercantilitzar, desestatalizar y descentralizar todos los medios de información y bases de datos.

La información monetaria contable -sin referencias personales- debería contrastarse con los datos de la red telemática de la Justicia, para evitar errores o manipulaciones.

La socialización de la información económica podría ofrecer un abanico de posibilidades hasta ahora vetadas por la irracionalidad del sistema monetario. Entre estas posibilidades (que serán tratadas en el próximo capítulo) podemos citar:

Los efectos previsibles de las tres medidas serían: la total documentación, responsabilización y clarificación de todos los actos mercantiles y sociales, a través de su componente monetario -siempre bajo la protección de una Justicia independiente-.

La sociedad podría disponer de estas técnicas concretas para luchar contra la formación de poderes ilegítimos sin, no obstante, coartar la legítima libertad de cada persona en el marco de las mínimas normas establecidas.

Sería ingenuo pretender que éste podría ser el paso definitivo para conseguir la desaparición de los poderes fácticos, del juego sucio y de la corrupción monetaria ya que siempre es posible, a causa de la inagotable capacidad e inventiva humanas, inventar nuevas y más sutiles formas de dominación. Pero, esto no ha de ser un impedimento para considerar que la implantación de estas medidas no pudiera representar un progreso muy importante para hacer instrumentalmente imposible gran parte del juego sucio practicado hasta ahora desde hace 4500 años.

A partir de estas medidas, en gran parte instrumentales, podríamos poner las bases para construir unas reglas de juego social, con la esperanza fundamentada de que no se reducirían, una vez más, a «papel mojado»; podríamos empezar a poner las bases de un más auténtico Estado de derecho.

La aplicación de estas tres medidas se tendría que realizar con muchas precauciones, tanto en los aspectos sociales como en los técnicos. Se debería estudiar muy bien la viabilidad y las dificultades especiales para aplicar las condiciones de un uso democrático y coherente del dinero electrónico. A título de ejemplo, se podría ver:

¿Cómo y en qué plazo se convierten los actuales medios de pago en el nuevo? ¿qué pasa con las divisas y, en especial, cómo se convierten y quién las detiene?.

¿Cómo preparar el software, hardware y el equipo humano suficientes y cómo poder disponer de él?.

¿Cómo concretar la creación del arancel de mercancías legales y cómo someter a decisión política la legalidad o ilegalidad de determinados productos (armas, drogas, tóxicos industriales) o de servicios (si deben pasar a ser servicios comunitarios-liberales)?.

¿Cómo incorporar al mercado o a los servicios comunitarios las empresas o personas que viven gracias a ilegalidades actuales (prostitución, tráficos..)?.

¿Cómo crear los centros de socialización de la contabilidad general (por sectores productivos, por territorios, globales...)?.

¿Cómo diseñar la red y los programas de divulgación y consulta de datos contables (televisiones y ordenadores privados y comunitarios)?.

¿Cómo publicar en la red de socialización de información todos los datos referentes a la gestión pública con personalización (única excepción)?.

¿Cómo organizar el centro de economía dinámicamente equilibrada: detección de excedentes, recaudación de impuesto único, invención-exvención de dinero, distribución automática según estatutos...?.

¿Cómo suprimir el Ministerio de Justicia y organizar la Justicia de forma independiente y especializada, con policía judicial propia?.

¿Cómo diseñar y crear los sistemas de protección de datos personalizados (3 redes independientes en la Justicia) frente al Estado?.

...

Muchos de estos interrogantes requieren un estudio más profundo de sus dificultades reales y posibles soluciones.

Según sea su lectura, estos interrogantes se convierten en graves peligros o en inmensas posibilidades. Pero, lo que estamos viviendo en la actualidad y lo que las tendencias futuras diseñan refuerza muchos de los peligros y casi ninguna de las posibilidades.

En definitiva se trata de dos opciones: una opción es arriesgada, pero mínimamente fundamentada; la otra es una no-opción: la imposición de los hechos, de los determinismos de la tecnología y de la «seguridad» que, actualmente, se nos presentan como hechos consumados sin pedir ningún consentimiento ni ninguna opción valorativa del modelo que se nos impone.

Para terminar este polémico tema, unas sugerentes palabras de Isaac Asimov:

«Reducir los abusos beneficia, al fin y al cabo, a todos. Los ordenadores pueden proporcionar las técnicas necesarias para controlar, con mucha mas eficacia que nunca en la historia, los abusos incluso de los propios ordenadores.

Pero si los ordenadores vigilan a los ordenadores, ¿quién vigila a los vigilantes?. La cuestión no es nueva y tiene solución. Cada guardián no pierde de vista (de vista electrónica, claro) a los otros. En un sistema de gobierno democrático esto se denomina «separación de poderes».

¿Qué otras benedicciones nos traerá la automatización? Uno de los sueños es un mundo sin dinero.

¿El cómputo electrónico automático de los haberes personales actualizado después de cada transacción?.

Imaginemos que cada uno tuviese un dispositivo sintonizado con sus huellas digitales... Mediante una operación preestablecida el dispositivo nos daría el estado exacto de nuestra cuenta corriente, la cantidad disponible para nuestras transacciones.

Cualquier transacción imaginable -ingresos por sueldo, inversiones, gastos, desde la compra de un diario a la renta de acciones- solamente quedaría legalizada cuando los dispositivos de todas las partes que intervinieran en la transacción fuesen introducidos en un terminal de ordenador que transferiría los importes (en impulsos electrónicos) de una tarjeta a otra. Obtendríamos una procesión inacabable de cheques firmados al instante, por valor de cualquier cantidad inferior al líquido disponible.

La Administración podría descontar automáticamente los impuestos sobre cualquier transacción, en proporción a su importe y al nivel de renta del sujeto que recibe el dinero.

El concepto de riqueza perdería importancia en una sociedad como ésta en la que no circulase el metálico, porque el dinero sería menos visible. Y esto sería más cierto si la sociedad del siglo XXI encontrase alguna manera lógica de mitigar, al menos parcialmente, la desigualdad en la distribución de la riqueza; en una sociedad sin dinero sería menos doloroso pagar los impuestos, porque las transacciones nunca se harían visibles.

¿Abusos? Disminuirían, porque el fraude fiscal y la estafa serían más difíciles. Gran parte de la inhumanidad del ordenador es que, una vez que está programado y funciona correctamente no admite intromisiones en su comportamiento¹».

Nota:

¹Isaac Asimov (1984), ¿Quién necesita dinero? «Muy Interesante», número 41, 1984.